Sede 20/11/2026
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se procede a realizar la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro estatal de servicios ecosistémicos forestales y se regula su organización y funcionamiento.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, es un instrumento legal, necesario y esencial para garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su gestión, resiliencia, sostenibilidad, restauración y adaptación al cambio climático. Esta ley se articula, entre otros, conforme a los principios enunciados en sus artículos 3 y 4, en particular de la gestión forestal sostenible, la multifuncionalidad, la integración de la planificación forestal en la ordenación del territorio, el fomento de las producciones forestales y del desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad forestal y la cooperación entre las Administraciones, así como la consideración de los montes como infraestructuras verdes para mejorar el capital natural y su consideración en la mitigación del cambio climático.
Para favorecer la aplicación de todos esos principios, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, estructura diversas líneas de actuación dirigidas a la Administración General del Estado, entre las cuales es posible destacar, la recopilación, elaboración y sistematización de la información forestal, así como la creación de mecanismos y condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados.
Esta línea de actuación se refuerza asimismo por la Disposición Final Séptima de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establece el mandato al Gobierno de regular los mecanismos y condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados, en desarrollo del artículo 65 de la Ley 43/2003, de Montes. Esta disposición consolida la necesidad de avanzar en instrumentos que reconozcan y valoren los beneficios ambientales derivados de una gestión forestal sostenible.
Por otra parte, la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española. Entre otros, es posible destacar algunos de los principios que inspiran esa ley, como son la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies; el impulso a procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; la promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; y la garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
En desarrollo de esos principios, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, determina que todos los poderes públicos, en su ámbito competencial respectivo, deben desarrollar y aplicar incentivos positivos para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural, así como fomentar el aumento de los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores, funcionamiento, estado y tendencias.
En definitiva, como puede observarse, tanto la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y la Ley 7/2021, de 20 de mayo, se alinean con la gestión, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales presentes en los montes, con la conservación de la biodiversidad, y con la promoción de mecanismos o instrumentos que incentiven este marco estructurado. Pues bien, es en este marco regulatorio en el que se desenvuelve el presente proyecto, que tiene por objeto la creación, organización y funcionamiento del Registro estatal de servicios ecosistémicos forestales.
Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma
La aprobación de este proyecto busca abordar las siguientes cuestiones:
Proveer de una fuente de información robusta, fiable y verificable en materia de servicios ecosistémicos forestales.
Facilitar la generación de un balance positivo en la naturaleza y acelerar la consecución de los objetivos de neutralidad climática, incremento de la resiliencia de los montes frente a los riesgos como los incendios forestales, conservación de la biodiversidad y neutralidad de la degradación de las tierras.
Avanzar en el reconocimiento de la interdependencia entre el medio rural, principal proveedor de los servicios ecosistémicos, y el medio urbano, dependiente de su calidad y cantidad.
Generar un escenario de seguridad jurídica que permita canalizar el interés de ciudadanos, empresas y otros agentes en la conservación y restauración de los ecosistemas forestales.
Visibilizar y promover el papel de la gestión forestal sostenible como herramienta necesaria para la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y asegurar la provisión de servicios ecosistémicos forestales.
Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias
Con la finalidad de articular la creación el Registro estatal de servicios ecosistémicos forestales, se ha considerado que la mejor opción entre todas las posibles es promover la aprobación de un real decreto de creación, organización y funcionamiento, en atención a su naturaleza jurídica y al contexto regulatorio en el que este Registro va a desenvolverse.
No se ha considerado adecuado utilizar una vía no regulatoria, pues no daría respuesta a los objetivos y a los problemas que se pretenden solucionar con esta norma. Tampoco se considera adecuado regular el Registro a través de una norma con rango de ley, pues ya existe una habilitación normativa clara – la Ley 43/2003 y la Ley 42/2007 – para crear este registro a través de un reglamento.
Como en anteriores ocasiones, los colegiados que estén interesados en hacer alegaciones, se pueden enviar al Colegio a la siguiente dirección: agronomos@coiaanpv.org, para gestionar de forma conjunta desde el Colegio, en el trámite de exposición pública antes del 26 de noviembre.
